Cómo la AFA destruyó en semanas el capital reputacional construido con las dos estrellas del Mundial

principales dirigentes y les impuso la prohibición de salir del país, en una decisión que combina impacto legal y su crisis reputacional.

¿Quiénes fueron citados y de qué se acusa a la AFA?

El juez del Juzgado Penal Económico N° 5, Diego Alejandro Amarante, citó a declarar al presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia; al tesorero Pablo Ariel Toviggino; al director general Gustavo Roberto Lorenzo; al secretario general Cristian Ariel Malaspina y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez, y además les prohibió salir del país.

 Las audiencias comenzarán el 5 de marzo de 2026 y se extenderán hasta el 9 de marzo, en una causa impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que denunció que la entidad no habría depositado más de 19.350 millones de pesos en impuestos retenidos y aportes a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, se trata de obligaciones vinculadas al IVA, al Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales, enmarcadas en el Régimen Penal Tributario.

¿Cómo funcionaba el sistema de pagos?

Uno de los puntos centrales de la causa son los testimonios de empleadas del área administrativa, que describieron cómo se gestionaban los pagos.

Según declararon, las obligaciones impositivas dependían de la autorización directa del tesorero. El área técnica informaba vencimientos y montos, pero no podía avanzar sin una orden específica.

También señalaron que los pagos se realizaban desde cuentas institucionales que requerían varias firmas, y que el control económico estaba concentrado en la tesorería, mientras que la clave fiscal era administrada por la presidencia.

¿Por qué la investigación señala una maniobra sostenida entre las autoridades de la AFA?

Para la Justicia, la investigación descarta que se trate de un hecho puntual. La falta de pago se habría extendido durante 19 meses consecutivos, un período que, según la acusación, evidencia una conducta sostenida en el tiempo.

A esto se suma un dato clave: los balances que reflejaban deudas fiscales millonarias estaban firmados por las máximas autoridades de la AFA, lo que refuerza la hipótesis de una responsabilidad compartida dentro de la conducción. En este contexto, la reiteración de los hechos y el nivel jerárquico de los involucrados consolidan la idea de una maniobra que no habría sido aislada.

¿Qué falló en la defensa y cómo influyen los números en el riesgo de fuga?

El avance de la causa también está marcado por el fracaso de la estrategia defensiva. Los abogados intentaron cerrar el expediente argumentando que las deudas no eran exigibles en ese momento, pero el juez rechazó ese planteo y fue contundente: una obligación puede ser exigible aunque no se ejecute de inmediato, y sostener lo contrario afectaría el principio de legalidad.

A esto se suman los datos económicos que complican la situación. La investigación determinó que la AFA registró ingresos millonarios, con más de 45.000 millones de pesos en diciembre de 2024 y más de 453.000 millones a lo largo de 2025, además de inversiones financieras. Para la querella, estos números demuestran que existía capacidad real para cumplir con las obligaciones fiscales.

En este escenario, la posible acumulación de penas de dos a seis años de prisión por cada infracción eleva significativamente la condena en expectativa. Este factor fue clave para que la Justicia impusiera la prohibición de salida del país, al considerar que el nivel de exposición penal incrementa el riesgo de fuga y obliga a garantizar la presencia de los imputados en el proceso.

El impacto en la reputación

Más allá del plano judicial, el caso pone en evidencia un aspecto central para cualquier institución: la fragilidad de la reputación. En organizaciones de alto perfil como la AFA, la confianza pública no solo depende de los resultados o la gestión, sino también de la percepción de transparencia y cumplimiento.

Una investigación de estas características puede impactar de forma inmediata en la credibilidad institucional, ya que instala dudas sobre los mecanismos internos de control y la toma de decisiones. Incluso sin una sentencia firme, el solo avance de la causa, las citaciones a indagatoria y las restricciones impuestas pueden erosionar la imagen construida durante años.

En el plano individual, los efectos son igual de sensibles. Para los ejecutivos, verse involucrados en un expediente penal implica una exposición que trasciende lo legal: afecta su reputación profesional, su liderazgo y su capacidad de generar confianza. En muchos casos, ese desgaste comienza mucho antes de que se definan responsabilidades.

En este contexto, la disputa no se limita a los tribunales. También se libra en el terreno de la opinión pública, donde la reputación, un activo intangible clave, puede deteriorarse rápidamente frente a situaciones de alta visibilidad y cuestionamiento.